El artículo 4º (inciso d) del Decreto 395/75 establece la prohibición de las balas expansivas, "en toda otra actividad que no sea la de caza o tiro deportivo".
Esto significa que tanto las fuerzas de seguridad como los particulares deben en caso de necesidad emplear, en general, balas encamisadas (full metal jacket), que nacidas de necesidades militares tienen gran poder de penetración, ergo de rebotes y daños colaterales, y en cambio tienen menor capacidad de detención.
Ayer por una resolución del Ministerio del Interior, se saltó al decreto y se autorizó "la provisión de munición de proyectil expansivo a las Unidades Especiales de la División Grupo Especial de Operaciones Federales, del Grupo Especial 1 y al personal de la Fuerza que presta servicios de custodia."
Llama la atención que a los políticos, funcionarios, y jueces se los proteja con elementos que no se le suministran ni al policía que presta servicios corrientes, ni se le permiten al Legítimo Usuario para el caso de legítima defensa.
Al mejor estilo Orwelliano, el gobierno K se empeña en demostrar que todos los animales son iguales, pero que algunos animales son más iguales que otros.
