(publicado originalmente en La Historia Paralela, 06/08/07)
“La escopeta en casa del campesino y la carabina en la del obrero son el mejor resguardo de la democracia. Nuestra tarea es ver que permanezca allí.”
George Orwell
George Orwell
Desde la llegada al poder del actual gobierno, se multiplicaron los proyectos para revisar el marco legal vigente para la adquisición, tenencia y portación de armas, y aunque ninguno de ellos progresó, el gobierno utilizó sucesivos hechos de trascendencia mediática para justificar modificaciones al mismo, que incluyeron el arbitrario desplazamiento de jurisdicción del RENAR para ponerlo bajo la órbita de Aníbal Fernández.
En septiembre pasado, y con la oposición simbólica de sólo tres diputados, el Congreso aprobó la Ley de Desarme Civil, que en su primer artículo declara la “emergencia” en materia de armas, facultando así al Ejecutivo para legislar por decreto.
Vale remarcar que en los considerandos de la ley se sostenía que el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana han promovido la generalización de la tenencia de armas en manos de ciudadanos honestos –reconociendo tácitamente una diferenciación con las que detentan los delincuentes- y aboga por un “cambio de relación funcional” entre las armas y sus usuarios, y que como parte de la misma la defensa de la vida y los derechos, incluida la legítima defensa, es exclusiva potestad de “profesionales” del rubro. En dos palabras: reclama el monopolio de las armas.
Resulta paradójico que mientras por un lado se admite un deterioro en la seguridad pública, al ponerse finalmente en marcha, hace poco más de un mes, el programa que durante 180 días canjeará armas por dinero, en forma anónima y sin preguntar el origen de las piezas entregadas, el propio RENAR aclara que la iniciativa no está diseñado como política para contener la creciente inseguridad, sino que es una medida para prevenir los “conflictos interpersonales” y los accidentes , gastados argumentos que vienen usando desde hace tiempo las organizaciones desarmistas, valiéndose de estadísticas amañadas.
La prensa, que ha acompañado y aplaudido la campaña de desarme voluntario, celebraba días atrás que se vienen “recuperando” unas 750 armas diarias, de las cuales la mayor parte cuenta con papeles al día. Las otras, las no registradas dan lugar a situaciones delicadas: la posibilidad de canjear anónimamente, por dinero, y sin preguntas permite que se eliminen armas vinculadas a delitos, e incluso que delincuentes reciban por una pistola –aún inoperable- una cantidad de dinero que les permite luego adquirir dos en el mercado negro. La situación, verificada por una reciente investigación de América 2 que “indignó” a Aníbal Fernández ya había sido anticipada por quienes más defienden el sistema legal, los Legítimos Usuarios, a través de artículos publicados en la prensa, cartas de lectores, y a través de la asociación que los representa.
Si la transferencia a la cartera política, y la cesión de facultades al Ejecutivo para disponer normas de excepción en la materia ya no fueran preocupantes en una cuestión que afecta profundamente los derechos de los ciudadanos, amenazando esmerilar derechos consagrados como el de la legítima defensa, y el propio derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad consagrados en la Declaración Universal de los derechos del Hombre, la instrumentación de planes improvisados, que terminan beneficiando a los delincuentes, resultan directamente una burla a la sociedad.
La cuestión no es menor. Mientras el país se ve potencialmente incapacitado de responder a una eventual amenaza exterior, al resultar cada vez menos operables y más vetustas y desprovistas sus Fuerzas Armadas, se pone en tela de juicio y se dificulta por todos los medios la posibilidad de los ciudadanos de disponer de armas. No se sabe entonces quien será el que deba cumplir con el imperativo mandato del artículo 21 de la ley fundamental, que llama a todo ciudadano argentino a armarse en defensa de la Patria y de la Constitución
Cuando en los vergonzosos sucesos de San Vicente quedó a la luz que un militante sindical había completado su trámite de tenencia en un par de días, a pesar de contar con antecedentes, muchos recordaron los rumores nunca desmentidos sobre tenencias y portaciones emitidas a granel a militantes de ciertos sectores políticos. Tal vez alguien imagine que ellos pueden, en algún momento, ser los únicos con el derecho de acceder a las armas.
En septiembre pasado, y con la oposición simbólica de sólo tres diputados, el Congreso aprobó la Ley de Desarme Civil, que en su primer artículo declara la “emergencia” en materia de armas, facultando así al Ejecutivo para legislar por decreto.
Vale remarcar que en los considerandos de la ley se sostenía que el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana han promovido la generalización de la tenencia de armas en manos de ciudadanos honestos –reconociendo tácitamente una diferenciación con las que detentan los delincuentes- y aboga por un “cambio de relación funcional” entre las armas y sus usuarios, y que como parte de la misma la defensa de la vida y los derechos, incluida la legítima defensa, es exclusiva potestad de “profesionales” del rubro. En dos palabras: reclama el monopolio de las armas.
Resulta paradójico que mientras por un lado se admite un deterioro en la seguridad pública, al ponerse finalmente en marcha, hace poco más de un mes, el programa que durante 180 días canjeará armas por dinero, en forma anónima y sin preguntar el origen de las piezas entregadas, el propio RENAR aclara que la iniciativa no está diseñado como política para contener la creciente inseguridad, sino que es una medida para prevenir los “conflictos interpersonales” y los accidentes , gastados argumentos que vienen usando desde hace tiempo las organizaciones desarmistas, valiéndose de estadísticas amañadas.
La prensa, que ha acompañado y aplaudido la campaña de desarme voluntario, celebraba días atrás que se vienen “recuperando” unas 750 armas diarias, de las cuales la mayor parte cuenta con papeles al día. Las otras, las no registradas dan lugar a situaciones delicadas: la posibilidad de canjear anónimamente, por dinero, y sin preguntas permite que se eliminen armas vinculadas a delitos, e incluso que delincuentes reciban por una pistola –aún inoperable- una cantidad de dinero que les permite luego adquirir dos en el mercado negro. La situación, verificada por una reciente investigación de América 2 que “indignó” a Aníbal Fernández ya había sido anticipada por quienes más defienden el sistema legal, los Legítimos Usuarios, a través de artículos publicados en la prensa, cartas de lectores, y a través de la asociación que los representa.
Si la transferencia a la cartera política, y la cesión de facultades al Ejecutivo para disponer normas de excepción en la materia ya no fueran preocupantes en una cuestión que afecta profundamente los derechos de los ciudadanos, amenazando esmerilar derechos consagrados como el de la legítima defensa, y el propio derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad consagrados en la Declaración Universal de los derechos del Hombre, la instrumentación de planes improvisados, que terminan beneficiando a los delincuentes, resultan directamente una burla a la sociedad.
La cuestión no es menor. Mientras el país se ve potencialmente incapacitado de responder a una eventual amenaza exterior, al resultar cada vez menos operables y más vetustas y desprovistas sus Fuerzas Armadas, se pone en tela de juicio y se dificulta por todos los medios la posibilidad de los ciudadanos de disponer de armas. No se sabe entonces quien será el que deba cumplir con el imperativo mandato del artículo 21 de la ley fundamental, que llama a todo ciudadano argentino a armarse en defensa de la Patria y de la Constitución
Cuando en los vergonzosos sucesos de San Vicente quedó a la luz que un militante sindical había completado su trámite de tenencia en un par de días, a pesar de contar con antecedentes, muchos recordaron los rumores nunca desmentidos sobre tenencias y portaciones emitidas a granel a militantes de ciertos sectores políticos. Tal vez alguien imagine que ellos pueden, en algún momento, ser los únicos con el derecho de acceder a las armas.
