Finalmente, sólo con la oposición simbólica de tres diputados ayer se abprobó la Ley de desarme Civil. Nada distinto a lo que se anticipaba, el habitual voluntarismo que supone que la gente va a dejar las armas para complacer a los legisladores, que disfrutan de protección armada 24 horas al día, 365 días al año.
Lo más grave del texto es el artículo 1º que decreta la "emergencia" en la materia, siendo que no hay parámetros constitucionales para establecer de qué se trata esa situación. Es el punto que más oposición levantó (no fueron más de cinco o seis los legisladores que lo objetaron) pero se aprobó por el sólo hecho de que "así lo mandó el ejecutivo".
Un párrafo aparte se merecen dos infelices que dicen ser expertos en seguridad: Paola Spátola y Eugenio Burzaco, con el agravante que el último se autotitula defensor de las libertades y de los principios alberdianos.
Spátola, porque aunque la ley no nos menciona en ningún momento, e igual caemos en la volteada de la emergencia, alegó que ahora se "reconoce verdaderamente el derecho de los legítimos usuarios".
Burzaco, porque con su mejor intención de aferrarse al voto progre, dijo de la ley: "La consideramos útil y creemos que es fundamental desarmar a la población civil. No es bueno que la gente posea armas."
La única que dijo lo que se debía fue Nora Guinzburg, (del PRO) que hizo una exposición impecable, y luego votó en consecuencia por la negativa, reclacando que ningún desarme ha dado resultado para bajar la criminalidad y que si, a cambio, ha dejado a la población inerme ante el poder del Estado.
