El pueblo de Greenleaf, en Idaho, con apenas 862 habitantes se acaba de animar a dar un paso en contra del imperialismo ideológico dominante en materia de desarme. A través de una ordenanza municipal, se dispone que todo residente -salvo los objetores por motivos morales- tengan un arma en casa para prevenir el delito.
Y no es que Greenleaf sea una zona insegura: la prensa cuenta que la infracción más grave reportada en dos años fue una pelea a golpes. Sin embargo, el pueblo se ha impuesto mantener alta la seguridad ciudadana, y a la vez marcar su apoyo a la Segunda Enmienda.
Un contraejemplo, justo cuando nuestros legisladores restringen el acceso a las armas de los ciudadanos, minando la capacidad de defender el orden constitucional que preveía el texto de 1853.
