(Publicado en El Disidente)
La república atraviesa indudablemente un reflujo en lo que refiere a los valores de la libertad. Bajo el pretendido interés general, el bien público, los derechos de la comunidad y otros argumentos difusos se enmascara un permanente recorte a los derechos y libertades individuales. Ahora el amenazado es el derecho a la legítima defensa. ¿Mañana será el de defender a la constitución?
En los últimos tiempos, y con la excusa de la escalada delictiva, mal llamada crisis de inseguridad, numerosas organizaciones vienen propugnando por el desarme de la sociedad civil, sin distinguir la diferencia entre armas legales y armas ilegales, error análogo a confundir drogas legales e ilegales, y pretender que prohibiendo los antibióticos, las aspirinas y las farmacias se va a terminar con la drogadicción.
El discurso de las organizaciones desarmistas merece revisarse en detalle: entre los argumentos que esgrimen aparecen consideraciones obvias como que aquel que lleva un arma a su casa está aumentando el riesgo de accidentes (cosa que sucede también al llevar una patineta, o al instalar una cocina a gas) pero no es nada risible que algunas de estas ONG sostengan que no puede haber armas legales porque todos podemos en algún momento tentarnos a delinquir.
Esta clase de pensamiento permite concluir que estos sujetos están convencidos que la sociedad es potencialmente mala y que le cabe al Estado el rol de vigilarla. Desde la óptica de la defensa de la libertad, y el ejercicio amplio del libre albedrío estas opiniones son aberrantes, y cobijan un peligrosísimo germen autoritario.
Es cierto que se emplean armas de fuego para la concreción de hechos delictivos. Pero también se emplean teléfonos, celulares, o automóviles y a nadie se le ocurre prohibir estos elementos y mucho menos requisar los existentes, en regla con la ley.
Lo que se soslaya en la visión desarmista es el hecho que el delincuente no entrega sus armas, y encuentra métodos ilegales para proveerse de las mismas aún cuando se restringe su venta, generando un notorio mercado negro. También se soslayan las estadísticas, ya que estas muestran que difícilmente puede relacionarse la disponibilidad de armas con el delito.
Pocos países tienen una población civil mas armada que Suiza, donde sus ciudadanos integran una suerte de ejército cívico. A pesar que en cualquier placard helvético se pueden encontrar fusiles de asalto o pistolas militares, el índice de homicidios dolosos es de 1.4 cada 100.000 habitantes, mientras en México o Brasil, países que tienen un estricto régimen de control de armas los homicidios son 17 y 19 cada 100.000 habitantes en cada caso. El punto está claro: las armas no son causa de las muertes: la delincuencia si, y ésta conseguirá siempre maneras de agenciarse de las mismas. No son las armas las que deben erradicarse sino los delincuentes.
Notablemente ciertos medios masivos de difusión –curiosamente los mas próximos al presente gobierno- mantien diario argentino fija su posición negando el derecho de legítima defensa, expresamente contemplado en los incisos 6º y 7º del artículo 34 del Código Penal: el monopolio de las armas de fuego debe estar en poder del estado.
Con benevolencia, puede pensarse que la idea de “despistolizar” irrestrictamente a la sociedad civil aspira a crear un mundo feliz, el mundo sin maldad del Emilio de Rousseau. Pero pueden pensarse otros propósitos menos ingenuos.
Alemania, 1928. Durante la llamada República de Weimar se dictó una ley que determinaba un control muy estricto de las armas en poder de civiles, creada con el espíritu declarado de evitar la conformación de grupos paramilitares que amenazaran a la frágil democracia. Las buenas intenciones duraron poco. Diez años después, casi sin necesidad de modificar el régimen legal Hitler pudo retirar las armas en manos civiles, y mediante una modificación a la misma en 1935 la hizo mas restrictiva aún para los judíos.
Se le atribuye una frase que hoy sonaría a música en los oídos de los desarmistas: “ Este año entrará en la historia de la humanidad, porque será la primera vez que una Nación civilizada pueda restringir el acceso a todas las armas. Nuestro país será más seguro y nuestra policía será más eficiente. El mundo seguirá nuestro ejemplo en el futuro!
El desarme de la sociedad alemana no fue el factor determinante, pero seguramente ayudó a ejecutar la eliminación de toda oposición y la solución final para la limpieza étnica.
En nuestro país el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, están constitucionalmente consagrados, sin embargo hoy está en tela de juicio la posibilidad de defenderlos. El propio texto constitucional indica en su artículo 21º que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de la propia Constitución
Si la sociedad legítimamente armada –en cumplimiento de leyes y decretos existentes - es obligada a desarmarse, ¿qué camino quedará para dar cumplimiento a esta obligación? Si efectivamente debiéramos defender a la patria o a nuestra carta magna, ¿tendremos que apelar a piedras y palos? ¿ O deberemos mansamente, como ganado, ir a los hornos?
En los últimos tiempos, y con la excusa de la escalada delictiva, mal llamada crisis de inseguridad, numerosas organizaciones vienen propugnando por el desarme de la sociedad civil, sin distinguir la diferencia entre armas legales y armas ilegales, error análogo a confundir drogas legales e ilegales, y pretender que prohibiendo los antibióticos, las aspirinas y las farmacias se va a terminar con la drogadicción.
El discurso de las organizaciones desarmistas merece revisarse en detalle: entre los argumentos que esgrimen aparecen consideraciones obvias como que aquel que lleva un arma a su casa está aumentando el riesgo de accidentes (cosa que sucede también al llevar una patineta, o al instalar una cocina a gas) pero no es nada risible que algunas de estas ONG sostengan que no puede haber armas legales porque todos podemos en algún momento tentarnos a delinquir.
Esta clase de pensamiento permite concluir que estos sujetos están convencidos que la sociedad es potencialmente mala y que le cabe al Estado el rol de vigilarla. Desde la óptica de la defensa de la libertad, y el ejercicio amplio del libre albedrío estas opiniones son aberrantes, y cobijan un peligrosísimo germen autoritario.
Es cierto que se emplean armas de fuego para la concreción de hechos delictivos. Pero también se emplean teléfonos, celulares, o automóviles y a nadie se le ocurre prohibir estos elementos y mucho menos requisar los existentes, en regla con la ley.
Lo que se soslaya en la visión desarmista es el hecho que el delincuente no entrega sus armas, y encuentra métodos ilegales para proveerse de las mismas aún cuando se restringe su venta, generando un notorio mercado negro. También se soslayan las estadísticas, ya que estas muestran que difícilmente puede relacionarse la disponibilidad de armas con el delito.
Pocos países tienen una población civil mas armada que Suiza, donde sus ciudadanos integran una suerte de ejército cívico. A pesar que en cualquier placard helvético se pueden encontrar fusiles de asalto o pistolas militares, el índice de homicidios dolosos es de 1.4 cada 100.000 habitantes, mientras en México o Brasil, países que tienen un estricto régimen de control de armas los homicidios son 17 y 19 cada 100.000 habitantes en cada caso. El punto está claro: las armas no son causa de las muertes: la delincuencia si, y ésta conseguirá siempre maneras de agenciarse de las mismas. No son las armas las que deben erradicarse sino los delincuentes.
Notablemente ciertos medios masivos de difusión –curiosamente los mas próximos al presente gobierno- mantien diario argentino fija su posición negando el derecho de legítima defensa, expresamente contemplado en los incisos 6º y 7º del artículo 34 del Código Penal: el monopolio de las armas de fuego debe estar en poder del estado.
Con benevolencia, puede pensarse que la idea de “despistolizar” irrestrictamente a la sociedad civil aspira a crear un mundo feliz, el mundo sin maldad del Emilio de Rousseau. Pero pueden pensarse otros propósitos menos ingenuos.
Alemania, 1928. Durante la llamada República de Weimar se dictó una ley que determinaba un control muy estricto de las armas en poder de civiles, creada con el espíritu declarado de evitar la conformación de grupos paramilitares que amenazaran a la frágil democracia. Las buenas intenciones duraron poco. Diez años después, casi sin necesidad de modificar el régimen legal Hitler pudo retirar las armas en manos civiles, y mediante una modificación a la misma en 1935 la hizo mas restrictiva aún para los judíos.
Se le atribuye una frase que hoy sonaría a música en los oídos de los desarmistas: “ Este año entrará en la historia de la humanidad, porque será la primera vez que una Nación civilizada pueda restringir el acceso a todas las armas. Nuestro país será más seguro y nuestra policía será más eficiente. El mundo seguirá nuestro ejemplo en el futuro!
El desarme de la sociedad alemana no fue el factor determinante, pero seguramente ayudó a ejecutar la eliminación de toda oposición y la solución final para la limpieza étnica.
En nuestro país el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, están constitucionalmente consagrados, sin embargo hoy está en tela de juicio la posibilidad de defenderlos. El propio texto constitucional indica en su artículo 21º que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de la propia Constitución
Si la sociedad legítimamente armada –en cumplimiento de leyes y decretos existentes - es obligada a desarmarse, ¿qué camino quedará para dar cumplimiento a esta obligación? Si efectivamente debiéramos defender a la patria o a nuestra carta magna, ¿tendremos que apelar a piedras y palos? ¿ O deberemos mansamente, como ganado, ir a los hornos?
